NIÑAS Y NIÑOS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONFINAMIENTO DOMICILIARIO A CAUSA DEL COVID-19



El Informe mundial de UNICEF sobre la violencia contra los niños y las niñas define la violencia contra los niños y niñas como:

“El uso deliberado de la fuerza o poder, real o en forma de amenaza que tenga o pueda tener como resultado lesiones, daño psicológico, un desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte”

Las niñas y los niños, son sin duda las personas más vulnerables a todo tipo de violencia y abuso y ello en todos los contextos pero en particular en aquellos que se generan durante los conflictos armados y tras los mismos, con ocasión de grandes calamidades y cuando se adoptan medidas restrictivas de derechos, aunque sean en aras de la protección de un bien superior.

En contextos de violencia de género: “los hijos e hijas menores de edad que sean testigos de la violencia padecen, como mínimo y de forma grave las secuelas psicológicas de estar o haber estado expuestos a dicha violencia”. Así lo reconoció el  Pleno del Senado de 16 de septiembre de 2009 que conllevó la aprobación por consenso de todos los partidos políticos de la consideración de los hijos/as de las víctimas de violencia de género como víctimas directas de esta violación de los derechos humanos.

El reconocimiento de las niñas y niños como sujetos independientes que padecen la violencia de género en sus hogares tiene aún un largo camino por recorrer, más allá de los pronunciamientos normativos al respecto. Estas niñas y niños corren en estos contextos un enorme riesgo de ser además objeto de violencia vicaria.

El confinamiento domiciliario que ha supuesto la aplicación del Real Decreto 463/2020 debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19, no sólo incrementa la situación de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género, sino de sus hijas, hijos y dependientes.

No se debe olvidar que muchas de estas situaciones de violencia de género no se encuentran judicializadas y se esconden tras rupturas y crisis familiares aparentemente normales.

Resulta preocupante que Plan de Contingencia contra la violencia de género debido a la crisis del COVID-19 lanzado por el Ministerio de Igualdad, aunque herramienta muy útil que puede venir a paliar algunos de los problemas más urgentes de las mujeres víctimas de violencia de género en el contexto actual, no haya previsto medidas específicas en relación a las niñas y niños víctimas de violencia de género.

La Nota de la Fiscal de Sala de la Unidad contra la Violencia contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado sobre la incidencia del estado de alarma en la ejecución régimen de visitas, así como la relativa al Acuerdo de los Jueces de Familia o la nota Informativa al respecto del Consejo general de Poder Judicial, adoptan una decisión uniforme que sin duda puede  venir a solventar muchas dudas y problemas relacionados con los menores en contextos de violencia, pero puede dejar desprotegidos a niñas y niños que se encuentran en contextos de violencia de género judicializados (en juzgados de violencia sobre la mujer o en juzgados de familia, pues no siempre se denuncia penalmente) y no judicializados.

El escaso desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género limita el marco legal en el que se puedan adoptar directrices concretas de salvaguarda de los derechos de las/os menores de edad. Sin embargo no debemos olvidar que ya el Artículo 3 de la propia Convención de los Derechos de la Infancia y nuestra normativa sobre la protección de la infancia y la adolescencia, sostiene  que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas  o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los  órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés  superior del niño”

De hecho, la Ley de Protección del Menor y de la Infancia en su artículo 11 señala como principio rector de la intervención con los menores por parte de las administraciones públicas, la lucha contra toda forma de violencia hacia los mismos y señala específicamente la violencia de género y la que se produce en el ámbito familiar.

Es más, en relación a las llamadas actuaciones de protección, el artículo 12 de la mencionada Ley dice claramente que “3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su protección, atención especializada y recuperación”.

Desde la Asociación AMIGA por los Derechos Humanos de las Mujeres, estamos preocupadas por esta situación, por ello SOLICITAMOS que las autoridades competentes:

  • Establezcan medidas concretas de alerta inmediata de posible violencia vicaria y de riesgo de negligencia y malos tratos a menores en cualquier contexto.
  • Establezcan directrices de actuación a las autoridades con competencia en la materia para adoptar medidas de tipo preventivo y poner fin y evitar este tipo de violencia contra las niñas y los niños.
  • Establezca un protocolo urgente de coordinación interadministrativa a tal efecto que vaya más allá de la posible judicialización de los mencionados casos para adoptar medidas de tipo preventivo con respecto a niñas y niños.
  • Se establezca y dote con personal especializado  (incluida la designación de jueces y juezas, fiscales y letradas/os para atender a estos procedimientos) un sistema extraordinario de actuación urgente para la adopción de medidas del artículo 158 del Código Civil,  tanto en Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, como en Juzgados de Primera Instancia- Familia,  con un plazo máximo de tramitación de 48 horas desde su presentación telemática o en papel, con mínimos formalismos legales,  a instancias de parte,  de oficio, a instancias de Fiscalía, y de instituciones públicas.
  • Se lleven a cabo medidas de información sobre la especial atención al estado de los menores, tolerancia cero al maltrato a menores y a la falta de cuidados, así como que se dé a conocer el procedimiento especial, sumario, del artículo 158 del CC, referido anteriormente.

 

Entidades y Personas promotoras:

Asociación AMIGA por los Derechos Humanos, Amalia Calderón (abogada especialista en Violencia de Género), Amparo Díaz Ramos (abogada especialista en violencia de género)

 

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