Los medios digitales recogen hoy, 12 de febrero de 2021, los resultados del informe presentado por el Parlamento Europeo acerca de los diez años de aplicación de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. En todos ellos se destaca la insuficiente e ineficaz acción de la Directiva sobre este grave problema, debido a un amplio conjunto de causas, entre las que se encuentra la incompleta transposición de la misma a los ordenamientos jurídicos nacionales.
En eldiario.es, por ejemplo, se destaca en titular que “El Parlamento Europeo pide convertir en delito el consumo de servicios sexuales prestados por las víctimas de trata”, así como reforzar la lucha y la condena del tráfico de seres humanos, una de las actividades delictivas con mayores beneficios económicos:
Con 571 votos a favor, 61 votos en contra y 59 abstenciones, la Eurocámara ha aprobado en el pleno una propuesta, presentada por el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que también advierte que “la falta de vías de migración seguras y legales para los solicitantes de asilo aumenta su vulnerabilidad ante la trata”.
El eurodiputado socialista ha respaldado la revisión del artículo 18 de la directiva de 2011 “para que todos los Estados miembros penalicen explícitamente el uso, consumo o empleo a sabiendas de los servicios laborales o sexuales de personas traficadas”.,
Por su parte, la la otra ponente del texto, Soraya Rodríguez, de Renew Europe, ha criticado que solo se consigue liberar al 1% de las víctimas y “apenas se detiene” a los jefes de las mafias criminales. La diputada ha hecho alusión a un informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito que alerta del incremento de proporción de niños víctimas de trata, que se “ha triplicado” en el mundo. “Las víctimas de explotación sexual no son escondidas, deben ser anunciadas para que puedan ser vendidas. Solo tenemos que tener el valor de mirarlas”, dijo Rodríguez.
En el elsaltodiario.com, en la columna “Infierno para los tratantes y no para sus víctimas”, la jurista y eurodiputada de Unidas Podemos, Mª Eugenia Rodríguez Palop y Samara de las Heras, asistente parlamentaria, han destacado cómo en España solo 853 personas, de las 63.551 consideras en situación de riesgo, han recibido la protección y la atención necesarias para volver a vivir en libertad:
Incluso entonces, el proceso no está exento de trampas: una de esas víctimas es una mujer forzada a ejercer la prostitución en la calle que acumula 5.000 euros en multas por ese motivo. Tras ser detectada e identificada, se abrieron diligencias penales y se le dio la condición de testigo protegido. El caso se archivó por desconocerse el paradero del tratante, pero ella no ha sido reparada y aún tiene que pagar sanciones por haber sido explotada. Todo ello pese a que la Directiva establece que los Estados deben adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer”.
El informe del Parlamento pone de relieve que necesitamos indicadores exhaustivos para sacar a la superficie todas las formas de trata de personas.
Sería fundamental, además, mejorar los servicios de identificación, protección, atención y reparación, y dotarlos de profesionales que cuenten con los medios necesarios, con condiciones laborales dignas y reciban una formación adecuada con un enfoque de derechos, de género e interseccional.
En publico.es, por su parte, el titular destaca que “La Eurocámara exige sanciones legales para proteger a las víctimas de trata”, aprobando una recomendación a la Comisión Europea y a los Estados miembros para implementar la directiva en su totalidad y actualizar algunos de sus puntos, para atajar con firmeza la trata de personas y proteger a las víctimas:
Según han deslizado los eurodiputados y eurodiputadas que han participado en el debate, el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías facilitan el trabajo para captar a víctimas potenciales de tráfico, incluido menores. De hecho, casi la cuarta parte de las víctimas de trata son niños y niñas, y por ello desde la Eurocámara piden que se adopten las medidas necesarias para proteger a estos menores. “Nos preocupa el incremento alarmante en el tráfico de niños, sobre todo de migrantes indocumentados”, ha lamentado Rodríguez Ramos.
Así, han recordado que la situación ha empeorado desde que la covid-19 llegase a suelo europeo y denuncian la cantidad de anuncios que ha habido desde entonces ofreciendo este tipo de explotación sexual y de pornografía.
El huffingtonpost.es publica un artículo firmado por el mismo Juan Fernando López Aguilar y titulado “Contra la trata de personas en la UE: penalizar el consumo de servicios sexuales y laborales de sus víctimas”, en el que el eurodiputado socialista repasa la historia de la Directiva y la destaca como un paso decisivo en la prevención penal y el combate jurídico penal contra la trata, así como en la protección de sus víctimas:
Pero sobre la aplicación hasta ahora de la Directiva 2011/36 -y sobre su transposición legislativa en el derecho interno de los EEMM- persiste un pernicioso nivel de impunidad de los tratantes y traficantes de personas. Esa escasa aplicación redunda negativamente en sus hasta ahora bajos niveles de enjuiciamiento, debidos a las frecuentes dificultades probatorias y de cooperación judicial transfronteriza, basadas éstas a su vez tanto en el insuficiente conocimiento de su alcance transnacional como de formación y equipamiento especializado. Pero, sobre todo, resalta la falsa percepción de cuando hablamos en la UE de “mafias criminales de tráfico de personas”. Muchos operadores jurídicos tienden todavía a asumir que hablamos de organizaciones foráneas -países de origen o tránsito- cuyo ciclo delictivo concluye cuando les embarcan irregularmente hacia la UE. La incómoda verdad es que el negocio de explotación de seres humanos no se completaría ni se perfeccionaría, en su sentido técnico penal, sin terminales criminales en los países de destino, EEMM de la UE.
López Aguilar también afirma que es hora de vincular el foco de protección de las víctimas de trata con la penalización de quienes, a sabiendas, consuman, usen o empleen sus servicios sexuales o laborales. Y para eso se ha planteado la reforma del artículo 18.

