EL DILEMA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUIDAS: SUBSISTENCIA Y RIESGO DE CONTAGIO



En el Estado de Alarma en el cual nos encontramos, las medidas protectoras para personas en situación vulnerable han vuelto a olvidar a las mujeres confinadas en contexto de prostitución y Trata de Seres Humanos.

Los clubs en los que trabajan están cerrados, los pisos en los que viven, en la mayoría de los casos en régimen de alquiler abusivo y sin garantías jurídicas, amenazan con echarlas por no abonar la renta…, la mayoría de sus testimonios relatan siempre la misma situación, “Yo venía a trabajar dignamente para mantener a mi familia, venimos engañadas y cuando llegamos, te estrellas con la realidad. Tenemos miedo a contagiarnos del COVID-19, pero primero tenemos que comer”.

Desde el Gobierno Central se debe tener presente a este colectivo para abordar medidas concretas de apoyo ante la situación actual. Resulta paradójico que la trata de seres humanos y la consiguiente explotación sexual de mujeres cuyos cuerpos son consumidos desde el capitalismo patriarcal acérrimo, se contabilice a efectos del P.I.B, pero no se haya vislumbrado una sola medida que aborde la vulnerabilidad y necesidades de sus víctimas. La no inclusión de este importante colectivo seguirá dejando más beneficios a las organizaciones criminales disfrazadas de “empresas legales que no son más que un lavadero de dinero”. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de 3 mil millones de dólares al año, siendo éste un negocio considerable que se abastece de la población mundial más marginalizada.

¿Realmente están cerrados los clubs? ¿Realmente creemos que en los pisos las mujeres no siguen atendiendo a clientes habituales por extrema necesidad? Probablemente no. Y por eso, desde el Gobierno Central se debe tener presente a este colectivo a la hora de abordar medidas concretas de apoyo ante la situación actual. Resulta preocupante la falta de voluntad política para mejorar la situación de mujeres que necesitan seguir prostituyéndose para comer y que en muchos casos se encuentran en situación irregular y no tienen acceso al sistema de salud pública. Si realmente hubiera voluntad ¿Por qué todas las medidas sociales adoptadas por el Gobierno para paliar esta emergencia están destinadas a personas en situación regular?

El drama social que conlleva la declaración de alarma sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, también ha situado en una posición aún más precaria a un número indeterminado, pero indudablemente enorme, de mujeres, que sufren la violencia estructural del sistema y del patriarcado a través de trabajos y sueldos precarios que han perdido. Estas mujeres, al igual que las migrantes, corren el enorme riesgo de que esta estructura desigual las lleve de manera inevitable a cualquier forma de explotación, incluida la sexual. No olvidemos que esto ya sucedió en la crisis del 2008. En consecuencia, tendrán que resolver su dilema sobre el riesgo de contagio ejerciendo la prostitución en la calle para subsistir.

Os dejamos el enlace del artículo completo de Marisa Kohan publicado en el diario Público.

 

Rocío Mendoza y Vanessa Casado