El pasado 16 de febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó la sentencia del caso de V.C.L. y A.N. c. Reino Unido donde se analiza por primera vez la protección de las víctimas de trata de seres humanos con fines de criminalidad forzada.
El caso se refiere a dos menores de edad de nacionalidad vietnamita tratados desde su país con la finalidad de explotarlos para la producción de cannabis. Ambos fueron arrestados y acusados de delitos contra la salud pública, de los que se declararon culpables por consejo de sus abogados designados de oficio.
A raíz de la sentencia condenatoria, ingresaron en centros de justicia juvenil. Posteriormente, una autoridad competente les reconoció como víctimas de trata. A pesar de ello la Fiscalía, tras revisar el caso, consideró que no existía tal condición de víctima y decidió mantener la condena. Tras apelar de nuevo, el Tribunal Superior consideró justificada la decisión de la Fiscalía.
En su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en que la obligación de los Estados de establecer medidas eficaces para proteger a las víctimas de trata (Art. 4 del Convenio Europeo) tiene un doble objetivo: evitar daños mayores y facilitar su recuperación. En tal caso, enjuiciarles y condenarles por delitos que se vieron obligados a cometer como consecuencia de la situación de trata obstaculiza profundamente la consecución de dichos objetivos, y contraviene el principio de no imposición de penas a víctimas de trata establecido en el Artículo 26 del Convenio de Varsovia.
Para ello, el Tribunal resalta la importancia de la identificación temprana de este tipo de casos y la necesidad de su evaluación por personas capacitadas y calificadas para atender a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
En conclusión, en su sentencia el Tribunal resuelve que el hecho de que las autoridades (Cuerpos Policiales, Fiscalías, Tribunales de Apelación, etc.) no llevaran a cabo una valoración adecuada de indicios de trata de seres humanos equivale a un incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, condena a Gran Bretaña y resuelve conceder a cada demandante 25.000 euros de compensación por daños inmateriales e impone el pago de 20.000 euros en concepto de costas a Gran Bretaña.
Noticia original en la web de Proyecto Esperanza
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