
En nuestro pasado las mujeres españolas estuvimos sometidas a un sistema social, político y legal que nos reducía a la situación de personas incapaces y que consideraba la violencia de género, primero como algo consustancial a la necesidad de que fuéramos corregidas y luego como algo residual o inexistente. Estos argumentos, se sostenían
Para mantener el anterior argumento eran necesarias políticas públicas que los apoyaran o mejor dicho, ausencia de políticas públicas que promovieran la caída de ese heteropatriarcado neoliberal que tan magníficamente sirve para sostener sistemas opresivos y discriminatorios.
Lo cierto es que poco a poco a las mujeres de hoy nos cuesta cada vez menos vernos en las mujeres de ayer.
Así nuestros gobernantes tratan de ofrecer una imagen idílica de la igualdad de género en España, mientras que desde el plano político y jurídico no hacen más que copiar patrones del pasado para someternos al tutelaje del macho patrio, en el sentido más literal de la palabra. Así:
– Cuando nuestros presupuestos Generales del Estado para el 2013 redujeron en un 27% la partida destinada a la prevención integral contra la violencia de género y en un 70% las cantidades dedicadas de la Renta Activa de Inserción, nuestros políticos no explicaron aunque sí previeron, que las consecuencias serían: la disminución de personal profesionalizado en la asistencia pública a las víctimas, la eliminación de campañas de sensibilización contra la violencia de género o que las mujeres que quisieran denunciar se lo volvieran a pensar ante la expectativa de que ellas y sus familias quedaran desprotegidas económicamente cuando dieran el paso.
– Cuando nuestros poderes públicos decidieron aprobar el Real Decreto-Ley de “Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” ya sabían que entre sus muchas y nefastas consecuencias, se encontraría la de terminar con la asistencia especializada y la detección precoz de la violencia de género en colectivos especialmente vulnerables.
– Cuando nuestros “líderes” hablan de volver a contabilizar sólo como casos de violencia de género, aquellos que requieran una hospitalización superior a las 24 horas, realmente lo que desean es una vuelta a los años 90 cuando un atropello por parte del esposo no se consideraba un feminicidio sino un simple accidente si la mujer tenía la “mala suerte” de morir 24 horas y un minuto después del hecho ….
– Y finalmente, cuando nuestros “representantes” hablan de una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que específicamente suprima su artículo 28, que entre otras cosas permite que que los municipios puedan realizar actividades complementarias en materia de protección de la mujer, saben perfectamente que están dictando la sentencia de muerte de programas locales de asistencia especializada a víctimas de violencia de género y enmendando la plana a las corporaciones municipales que amparados en su propia ideología, ya han comenzado el desmantelamiento de estos servicios.
En lo que va de año 42 mujeres (una de ellas menor de edad) han sido asesinadas en nuestro país por sus compañeros o ex compañeros sentimentales. Estos asesinos han acabado también con la vida de 5 de sus hijos. Quienes trabajan en servicios especializados saben que las políticas de “contención del gasto” como eufemísticamente han venido ha llamarse, han tenido un impacto brutal en las familias y especialmente en las vidas de las mujeres sometidas a violencia de género, que ante la falta de recursos públicos que sostengan sus necesidades están prolongando la convivencia con sus agresores, se ven privadas muchas veces de la asistencia sanitaria y no les son reconocidos derechos garantizados legalmente bajo excusas que no se sostienen y que hacen que se vean obligadas a largas esperas y a la judicialización constante de sus pretensiones.
Por eso, la violencia de género no es en España un problema del pasado sino del presente, y las técnicas de quienes nos gobiernan siguen siendo las mismas. Por eso decimos alto y claro que: No son recortes, se llama patriarcado
